La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) convocó el 25 de noviembre de 2024 a un concurso para aspirantes a fiscalizadores. A diferencia de procesos anteriores, solo se permitía seleccionar una plaza y, aunque no era obligatorio residir en la localidad elegida, en la recepción de expedientes se exigió prueba de residencia. Esto obligó a muchos postulantes a alquilar viviendas o desistir de participar.
En la prueba de conocimientos del 10 de febrero de 2025, con 1,128 abogados participantes, se detectaron preguntas con más de una respuesta correcta, pero solo una aceptada por el sistema. La rectora, Marien Montero, limitó la revisión de exámenes, contradiciendo las bases del concurso. Tras denuncias, el Consejo Superior del MP y el Consejo Académico intervinieron, logrando que se hicieran revisiones completas.
Posteriormente surgieron más dudas: apareció en la fase psicométrica un número (1139) de un aspirante que no participó en la primera fase; se cambiaron números de expediente y, tras entrevistas, 30 personas con notas entre 50 y 57 fueron convocadas en privado y se les ofrecieron plazas, desplazando a candidatos con mejores calificaciones.
El 14 de agosto se rumoreó una actividad de bienvenida sin haberse publicado el listado oficial ni respetado el plazo de revisión, evidenciando que las plazas ya estaban asignadas.
No es la primera vez que la gestión de la rectora Montero es cuestionada: en pandemia dirigió un concurso suspendido por fraude, donde se denunciaron notas predeterminadas. Además, ha sido señalada por favorecer allegados, ejercer autoritarismo, hostigar empleados y gestionar el nombramiento de su esposo con alto salario en la Procuraduría sin funciones claras.
Esta situación contradice los principios de transparencia y equidad que deben regir en los concursos públicos, afectando tanto a empleados como a postulantes externos. Instamos a las autoridades a investigar y garantizar procesos justos, evitando prácticas discriminatorias, clientelismo o corrupción.
La igualdad y la meritocracia deben primar para que ser fiscal siga siendo sinónimo de valentía y compromiso con la justicia.
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